El caso Martínez, y la ambigua responsabilidad

El caso de Walter Martínez (me refiero a su salida de Venezolana de Televisión) nos permite volver a evaluar el papel que juegan los medios de comunicación -privados y del estado- en el marco de la polarización y la conflictividad política en Venezuela.

Su caso guarda cierto paralelismo con el de otros periodistas que han salido de sus lugares de trabajo en los últimos tres años, y que, grosso modo, pueden inscribirse dentro del mismo “expediente”: el desacuerdo fundamental entre el medio (la empresa) y lo que transmite el comunicador en un momento dado. Fíjense que no estoy hablando de la pugna entre el arte de informar de un periodista (lo que define su carácter profesional) y lo que persigue el medio como maquinaria de intereses específicos. Me refiero, más bien, al simple hecho del decir del periodista .... y es en este sentido que insisto en la tesis, que he sostenido ante algunos colegas, de que por más leyes y códigos de ética que promulguemos, lo que siempre resulta problemático es establecer una distinción taxativa entre información y opinión. Eso sería tan desproporcionado como querer establecer una distinción limpia entre verdad y ficción.

En todo caso, un grupo creciente de periodistas ha salido de los medios en estos últimos años, bien sea porque en determinados momentos cometen algún exceso, alguna imprudencia, o porque se sobreidentifican con alguna causa política. Estos casos denotan, más precisamente, una profunda crisis en la manera como se quiere regular lo que se dice en los centros del poder (medios privados y medios del estado). Con la aprobación de algunas sentencias, leyes y reformas (del Código Penal) el estado venezolano ha querido regular el ejercicio “indebido” del periodismo, que se troca a veces en denuncia falsa, a veces en especulación, a veces en juego de opinión interesada. El concepto clave que se está usando como vara para discernir el bien del mal es el de “responsabilidad".

Walter Martínez se unió a la lista en la que ya se encuentran periodistas opositores como Roland Carreño, Mingo, Marta Colomina y Napoleón Bravo, entre otros. Cierto, sólo algunos han protestado sus salidas de manera radical, como Martínez o Carreño, mientras que otros se han ido al congelador esperando que la empresa los llame a cumplir su función de siempre, por lo cual no son exactamente figuras que hayan tenido desacuerdos por sus decires, o por haber sido víctimas de repentinas censuras. Cierto, algunos rompen platos y arman líos que vale la pena debatir (porque atañen en definitiva a la libertad), y otros asumen con cinismo su estancia en el limbo (el reposo de algunos tarifados, hay que decirlo).

Pero el caso Martínez posee algo diferente a lo que suele ocurrir del lado de los medios privados. En estos últimos, los periodistas salen por lo regular de sus trabajos en medio de un tejido de voces y rumoreos que se traduce en chismes de pasillo y columnas de opinión. El caso Walter es exactamente el fenómeno contrario, es decir, su polémica salida puso en el centro de la opinión pública lo que, precisamente, reprime la práctica mediática privada: lo que no debe salir a la calle, lo que siempre debe pasar por problema casero.

La intervención directa del presidente de la República en el asunto le dio a la salida de Martínez un sesgo imposible de soslayar. Su llamada sorpresiva al programa La hojilla para reclamar el cumplimiento de una línea editorial comprometida con el ejercicio de la responsabilidad, y que en ese momento estaba siendo infringida, según él, por los moderadores del programa, hace profundamente problemático el estatus mismo de la responsabilidad que se quiere pregonar.

Sabemos que los medios privados tienen su manera de ejercer las líneas editoriales, y están llenos de órdenes y contraórdenes implícitas, de códigos y sanciones nunca suficientemente discutidos, y que regulan en la práctica el ejercicio de la profesión. ¿Pero qué es lo que nos perturba del caso Martínez y de la intervención presidencial en La Hojilla? Lo que hace terriblemente chocante la situación es que sea precisamente una orden obscena, es decir, una orden de esas que los medios se reservan para su más estricta intimidad, la que se termine haciendo pública y decrete una manera específica de conducir el canal del Estado.

Ojo, no estoy hablando de moralismos, estoy hablando sencillamente de que ese momento resume la obscenidad que, estructuralmente, necesita un medio de comunicación para funcionar. Como este gesto obsceno se hizo público, ahora es ineludible discutir la validez y pertinencia de ciertas reglas y seudo-reglas que buscan regular el periodismo. Quizá por esta vía encontremos una de las claves para comprender la profunda crisis en la que se encuentra nuestro oficio. La verdadera paradoja de lo que pasó en La Hojilla es que pone en evidencia que toda imposición de la responsabilidad pasa, en la chiquita, por un gesto excesivo de autoridad, en este caso del propio presidente de la república.

He dicho en otras ocasiones que estoy en contra de toda forma legal de regulación de la comunicación y del periodismo, y celebro que en Venezuela haya cada día más medios populares, más vías de expresión social y más formas de ejercer (con todo y los excesos) el derecho a decir, a comunicar, a informar, a opinar, a narrar, a ficcionalizar, a mentir, a lo que usted quiera. Creo que la única manera de regular lo que se dice en sociedad no pasa por decretos ni por legislaciones, sino por el debate político, la confrontación y la discusión pública. Es sólo en ese terreno donde podríamos conseguir alguna idea de responsabilidad: donde cada quien asuma el compromiso con lo que dice y lo que hace (ante los otros). Nos preocupa entonces una contradicción en el proyecto político del chavismo: por un lado el gesto de liberar la opinión, de darle protagonismo a la expresión popular a través del apoyo y el fortalecimiento de medios alternativos, y por otro se intentan fijar rígidas normativas y disposiciones para controlar el mensaje comunicacional, que como se ha visto, repito, es imposible de regular sin la respectiva llamada telefónica en directo del propio presidente.

¿Qué es, en definitiva, lo que produce el efecto de la intervención de Chávez? Lo primero que hay que destacar es que deja al desnudo la impotencia de toda autoridad para dominar y administrar, unilateralmente, el discurso de la responsabilidad, a riesgo de parecer "irresponsable" por sus propios actos.

Walter Martínez salió a denunciar unas cosas (no tengo ninguna razón para hacerme eco de ellas), y la única manera que se encontró de frenar, de reestablecer el orden de la comunicación estatal fue con una llamada telefónica, con la intervención directa del "comandante" (así lo despidió el moderador de La Hojilla). La voz de Chávez viene a corregir las cosas que ocurren en el canal del Estado, el cual, dicho sea de paso, por sí solo parece estar incapacitado para autorregular su propio funcionamiento. Esto quiere decir que la llamada de Chávez tiene implicaciones regulativas específicas que se quieren ejercer en nombre de la responsabilidad, pero que terminan ejerciendo un efecto totalmente opuesto.

En segundo lugar, existe una profunda ambigüedad en las palabras de Chávez, al querer ejercer en el asunto una especie de “responsabilidad de la responsabilidad”. Como es imposible escribir con letras precisas un manual del perfecto responsable, que nos regule la lengua a todos, se termina justificando que la llamada al programa se hace como un acto de responsabilidad ante determinados actos irresponsables que se están cometiendo. Valga el trabalenguas.

Practicar esta especie de “responsabilidad de la responsabilidad”, y esto ocurre de la misma manera en los medios privados (lo que pasa es que se ejerce puertas adentro, ya lo dije) termina produciendo exactamente el mismo y terrible resultado: provocan en los periodistas y comunicadores una indecisión al decir, y en definitiva un recorte de la libertad que siempre es peligroso: ¿qué queda de la propia autocrítica cuando ésta también necesita ser regulada por una autoridad externa?

Lo que termina cancelando el ejercicio autocrítico de los moderadores de La hojilla es una orden. Solamente eso. Una orden. Una orden que, como se hizo pública, termina por dar razones que nunca son suficientes a la vista de toda la sociedad: “a lo mejor ustedes no saben lo que yo sé”, argumentó Chávez al respecto. Y con ello dejó un boquete abierto para cualquier cantidad de interpretaciones (por cierto, me imagino que muy pocas de éstas para la defensa de un comunicador que ha estado con el proceso en los años más difíciles)

De manera que unos saben, y otros no. Son precisamente esos desequilibrios, esas asimetrías las que hacen a la comunicación social necesaria e indispensable. Lo que es obvio no genera ni curiosidad, ni discusión. Lo que produce un verdadero debate son precisamente esas cosas que nunca están bien dichas, o en las que se sospecha que alguien sabe lo que uno no. Por eso buscamos información, por eso algunos sienten como necesario abrir algunas barreras, denunciar algunos obstáculos para que se abra el abanico. Por eso tantas cartas, tantas conjeturas, tantas declaraciones sobre el tema.

“Mucho protagonismo” y “falta de humildad”. Esos fueron los argumentos del presidente contra Martínez. Me pregunto: ¿esos no son los “vicios” que tiene arraigados el periodista en el núcleo de sus propios genes, y por lo que lo conocemos desde mucho antes de estar con el proceso? A estas alturas, por supuesto, cada quien le habrá dado el contenido que quiera a esas palabras que, en su momento, sonaron vagas y hay que decirlo: “poco responsables”.

El discurso de la responsabilidad, en definitiva, se usó específicamente para frenar el deslizamiento de una opinión. Se usó de alicate. Por lo cual, toda iniciativa para regular la comunicación social fracasa, porque llegado el caso siempre necesita apoyarse en actos directos o intervenciones particulares de la autoridad. La responsabilidad es una palabra política, como muchas, y debemos asumirla hasta sus últimas consecuencias: lo que me hace enteramente responsable no es que me den una orden para autorregularme, sino que yo pueda sostener ante los demás, ante los otros, mis propios actos (mi propia honestidad). ¿Habría podido Walter Martínez definir, después de las denuncias que hizo, los términos concretos de la corrupción a la que se refería? ¿No era posible que los propios moderadores de La hojilla rectificaran por sí mismos si todo esto, efectivamente, se trataba de un show guiado por un personaje con afán protagónico? Por la intervención de la autoridad, ya nunca lo sabremos.